La decisión busca establecer la responsabilidad por el presunto incumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con el censo de la población desplazada y la legalización del asentamiento ubicado en María La Baja, Bolívar.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el Auto Interlocutorio No. 102 del 10 de noviembre de 2026, ordenó abrir un incidente de desacato contra Ramiro González Mancilla, alcalde de María La Baja, por el presunto incumplimiento de dos órdenes impartidas por el Consejo de Estado para garantizar los derechos colectivos de la comunidad Paso El Medio.
La decisión se enmarca en la acción popular promovida por Absalón de Jesús Torres Echeverría, integrante del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), en representación de la comunidad del corregimiento de Matuya, en María La Baja, Bolívar.
Antecedentes: una sentencia pendiente de cumplimiento
El 2 de mayo de 2025, el Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y reconoció la vulneración de los derechos e intereses colectivos de la comunidad Paso El Medio. En consecuencia, ordenó a distintas entidades estatales adoptar medidas para atender las condiciones de vulnerabilidad de la población, entre ellas, la elaboración de un censo de las personas desplazadas, la legalización del asentamiento, la realización de estudios para garantizar el acceso a servicios públicos y el suministro transitorio de agua potable.
Sin embargo, durante el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, el Tribunal Administrativo de Bolívar encontró que no existían evidencias suficientes de avances en algunas de las principales obligaciones. Entre ellas, señaló la ausencia de resultados del censo poblacional y la falta de actuaciones acreditadas para adelantar la legalización del asentamiento.
Ante esta situación, el 27 de mayo de 2026, la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar y la Procuraduría 3 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena solicitaron la apertura de un incidente de desacato.
La decisión del Tribunal
En el Auto Interlocutorio No. 102 de 2026, el Tribunal dispuso abrir el incidente contra el alcalde Ramiro González Mancilla, en relación con las órdenes tercera y cuarta de la
sentencia del Consejo de Estado, correspondientes a la elaboración del censo poblacional y la legalización del asentamiento.
El mandatario deberá pronunciarse sobre el presunto incumplimiento, presentar las explicaciones correspondientes y aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes, para lo cual se le concedió un término de tres días.
Adicionalmente, el Tribunal requirió información a distintas entidades. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) le solicitó identificar a los funcionarios responsables e informar sobre las gestiones adelantadas para el censo y el Registro Único de Víctimas. Al Departamento de Bolívar le exigió reportar las condiciones actuales del suministro de agua potable y el avance de los estudios técnicos. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá informar sobre las actuaciones relacionadas con el plan de atención en salud y apoyo psicosocial.
El Tribunal también dispuso la realización de una nueva sesión del Comité de Verificación para el 9 de febrero de 2027, con la participación de las entidades involucradas y de funcionarios con capacidad de decisión técnica y presupuestal.
El seguimiento a las órdenes judiciales
La apertura del incidente de desacato constituye una actuación dentro del proceso de verificación del cumplimiento de la sentencia. Por tanto, no representa todavía una declaración de responsabilidad ni la imposición de una sanción al alcalde, sino el inicio de un procedimiento para establecer si existió un incumplimiento atribuible a su conducta.
Para ILSA, el seguimiento a esta acción popular resulta fundamental para que las órdenes judiciales se traduzcan en medidas efectivas que garanticen los derechos colectivos de la comunidad Paso El Medio, particularmente el acceso a condiciones de vida digna, agua potable, vivienda y atención integral para la población afectada por el desplazamiento forzado.
La garantía de estos derechos exige actuaciones coordinadas y efectivas por parte de las instituciones responsables, así como el seguimiento permanente a las decisiones judiciales que buscan proteger a las comunidades.
}
}
}
}
}
}