Noticias 1 de octubre de 2026

28S: El derecho al aborto frente a la ofensiva regresiva del nuevo gobierno en Colombia

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 María Eugenia Ramírez Brisneda

ILSA

En el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro (28S), es necesario pronunciarse sobre la situación de este derecho bajo el actual Gobierno. De la Espriella ganó a Iván Cepeda la segunda vuelta del 21 de junio por menos de un punto porcentual y asumió la presidencia el 7 de agosto de 2026, con un programa centrado en la mano dura contra la delincuencia y en la defensa de la familia tradicional y la patria. Desde la sentencia C-055 del 2022 de la Corte Constitucional, las organizaciones feministas y de derechos humanos han usado esta fecha, el 28S, para evaluar el cumplimiento del fallo y denunciar las barreras de acceso. En 2026, las organizaciones deben además responder a las iniciativas del Congreso y a las decisiones del Gobierno nacional que buscan restringir el derecho.

Debe recordarse que el 28 de septiembre fue declarado Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, del 18 al 24 de noviembre de 1990. La decisión se tomó en un taller organizado por la Comisión por el Derecho al Aborto de Argentina y Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay, con la participación de feministas de Colombia y de otros países de la región. La delegación brasileña propuso la fecha en memoria del 28 de septiembre de 1871, día en que se promulgó en Brasil la Ley de Libertad de Vientres, que declaró libres a las hijas e hijos nacidos de mujeres esclavizadas. En la Declaración de San Bernardo, aprobada por unanimidad por las doscientas participantes del taller, las feministas denunciaron que el aborto clandestino era la primera causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva en la mayoría de los países de la región. La jornada adquirió con los años alcance mundial y hoy se conoce como el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro (actualmente Aborto libre, legal, gratuito y seguro).

La sentencia C-055 de 2022, obtenida por el movimiento feminista colombiano a través de la demanda presentada por la organización Causa Justa, eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación, mantuvo sin límite de tiempo las tres causales legales vigentes desde el año 2006 y exhortó al Gobierno y al Congreso a diseñar una política pública integral para garantizar el acceso efectivo. En esa decisión, la Corte Constitucional reconoció que el delito del aborto es ineficaz, injusto y discriminatorio, porque opera como barrera de acceso, afecta de manera desproporcionada a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad y no impide que aborten. En la sentencia SU-297 de2025, el alto tribunal reafirmó ese alcance, y más de cuatro años después del primer fallo, todavía el Congreso y el Ejecutivo no han formulado la política pública de acceso.

Contrario a esto, el 28 de julio de 2026, las congresistas Carol Borda y Sara Castellanos, del partido Salvación Nacional, y el congresista Luis Miguel López, del Partido Conservador, radicaron un proyecto de Acto Legislativo para reformar el artículo 11 de la Constitución y declarar que la vida humana existe desde la fecundación. Según el seguimiento del portal La Mala Fe, el proyecto busca además establecer que no existe el derecho al aborto. Uno de sus promotores acusó a la Corte Constitucional de haber legislado a partir del litigio de las organizaciones sociales, con lo que desconoce que acudir a la justicia para la presentación de acciones constitucionales es un derecho de la ciudadanía. La reforma no anularía de manera automática la sentencia de 2022, pero la profesora Pabón advierte que el propósito de estos sectores es modificar primero la Constitución para luego regular el aborto por vía penal desde el Congreso.

El Centro de Derechos Reproductivos documentó que el programa de gobierno del presidente De la Espriella no incluía medidas sobre salud sexual y salud reproductiva, anticoncepción, aborto seguro, prevención de la violencia sexual contra niñas y mujeres ni educación sexual integral. También registró que el entonces presidente electo anunció su apoyo a cualquier iniciativa ciudadana contra el aborto y su intención de retirar a Colombia de los sistemas interamericano y universal de derechos humanos. Su campaña contó con el respaldo de redes de iglesias evangélicas, entre ellas la Misión Carismática Internacional, a la que pertenecen las congresistas Castellanos y Borda. Ese respaldo se refleja en los nombramientos del nuevo gobierno, por ejemplo, en la elección del pastor y exsenador John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de la Igualdad. Rodríguez en el año 2020 fue autor del proyecto que creó en el Congreso una comisión provida para “defender la vida” desde la concepción. Jaime Andrés Beltrán, pastor de la iglesia Camino a la Libertad, también forma parte del actual gabinete.

Otro nombramiento de esta misma ala ideológica fue el de Viviane Morales en el Ministerio de Educación, quien durante sus pocas semanas en el cargo, defendió la participación de las iglesias en las estrategias pedagógicas y educativas. El 2 de septiembre, el presidente designó en su reemplazo a Ilva Myriam Hoyos, a quien la Corte Constitucional encontró responsable, junto con el exprocurador general Alejandro Ordóñez, de haber mentido públicamente sobre la anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo. La Corporación le ordenó rectificar y abstenerse de obstaculizar la inclusión del misoprostol en el plan de salud en Colombia. Consideramos que su nombramiento pone en riesgo la educación sexual integral que la Sentencia C-055 de 20222 incluyó entre los componentes de la política pública.

En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la directora María Carolina Restrepo Cañavera expidió lineamientos para usar el término niñez, suprimiendo la palabra niña en el lenguaje institucional. La Defensoría del Pueblo le exigió sustentar esa decisión con fundamentos jurídicos y técnicos. La entidad ha afirmado que no pretende excluir a las niñas, pero la directriz debilita el enfoque de género que exige el Código de Infancia y Adolescencia y dificulta que la institución identifique y atienda las violencias que las afectan de manera específica. Por su parte, en el Ministerio de Salud, la química farmacéutica Hannah Escobar dejó la Dirección de Medicamentos a menos de una semana de posesionada. Su salida se produjo después de una campaña de influenciadores afines al gobierno que difundió imágenes falsas para asociarla con el pañuelo verde, aunque según su propio relato la ministra atribuyó la decisión principalmente a otras razones.

La Resolución 051 del 2023 del Ministerio de Salud reglamentó la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo conforme a las sentencias C-355 del 2006, SU-096 del 2018 y C-055 del 2022. La resolución establece que esta atención es esencial, urgente y gratuita, y que debe prestarse de manera inmediata o, en casos justificados, en un plazo máximo de cinco días, a toda persona que la solicite, sin importar su afiliación, pertenencia étnica o condición migratoria. También dispone que solo el profesional que realiza directamente el procedimiento puede objetar por razones de conciencia. Se advierte que la modificación o derogación de esta resolución por vía administrativa, que no requiere trámite en el Congreso, permitiría restringir el acceso sin necesidad de tocar la sentencia.

El informe Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento, publicado este 2026 por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, analiza 2.532 casos acompañados entre febrero del año 2022 y diciembre del 2025. El porcentaje de mujeres acompañadas que accedió a la interrupción voluntaria del embarazo a través de su EPS pasó del 40,9 % en el 2022 al 62,9 % en el 2025. El 67,4 % de quienes confirmaron el procedimiento lo realizó antes de la semana 12, dato que contradice el argumento de que la sentencia aumentaría los abortos en etapas avanzadas del embarazo.

De otra parte, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025, del Ministerio de Salud, registra que el 85 % de las mujeres que solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo accedieron al servicio y que el 65 % lo hizo en menos de cinco días. La misma encuesta muestra que el 25,4 % no recibió información clara sobre sus opciones, que el 25,2 % fue presionada para cambiar su decisión y que el 16,5 % no obtuvo respuesta a su solicitud. Las mujeres rurales y con menor nivel educativo enfrentan las mayores dificultades de acceso.

El mismo informe registra que el 7,66 % de las personas acompañadas eran migrantes, en su mayoría venezolanas, con dificultades de afiliación al sistema de salud, y que algunas entidades exigen a las mujeres indígenas autorizaciones de sus autoridades, requisito que la ley no contempla. También documenta filtraciones de información a sus familiares y empleadores y 132 casos que requirieron traslado a otro municipio por falta de personal o insumos. Los departamentos con mayores barreras son Meta, Guainía y Guaviare.

Según cifras preliminares del DANE, en el año 2025 se registraron 2.929 nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Estos embarazos se presumen resultado de violencia sexual y debieron activar en cada caso la ruta de protección y el acceso a la interrupción del embarazo por dicha causal. Su número indica que el Estado no está garantizando a las niñas la información ni la atención oportuna a las que tienen derecho. Serían ellas las más afectadas por una reforma que proteja de forma absoluta la vida desde la fecundación.

Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, ha sostenido que los derechos reproductivos son fundamentales, incondicionales y no están sujetos a debate. Causa Justa ha recordado que la radicación del proyecto de Acto Legislativo anteriormente mencionado no reabre la discusión constitucional porque la Corte ya fijó y reiteró su posición, y plantea avanzar hacia una despenalización total en la que ningún requisito se imponga sobre la voluntad de las personas gestantes. Desde Bucaramanga, el Colectivo Sin Permiso ha propuesto debatir qué significa la seguridad para las mujeres, porque empujarlas a la clandestinidad pone en riesgo su vida.

Las obligaciones del Estado colombiano frente al aborto también derivan del derecho internacional de los derechos humanos: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General 22 del año 2016, estableció que el derecho a la salud sexual y la salud reproductiva incluye el acceso a los servicios de aborto seguro y que los Estados deben abstenerse de adoptar medidas regresivas en esta materia. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha recomendado de manera reiterada despenalizar el aborto y eliminar las barreras que impiden su acceso. El principio de progresividad y no regresividad, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Protocolo de San Salvador, impide que el Congreso reduzca por vía constitucional una protección que la Corte ya reconoció. El retiro anunciado de los sistemas interamericano y universal dejaría a las víctimas sin las instancias a las que hoy pueden acudir cuando el Estado incumple.

Consideramos que la despenalización del aborto es una garantía de la Constitución de 1991 y del Estado laico, porque reconoce a las mujeres, las niñas y las personas gestantes como sujetas de derechos, con libertad de conciencia y autonomía sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Toda reforma que otorgue personalidad jurídica al embrión para anular esa autonomía vulnera el principio de progresividad y las obligaciones internacionales del Estado colombiano.

Por lo anterior, a partir del panorama regresivo que se observa en el país desde el Gobierno y de sus aliados en el Congreso, instamos:

(i) Al Congreso de la República, a archivar el proyecto de Acto Legislativo que modifica el artículo 11 y cualquier iniciativa orientada a volver a penalizar el aborto;

(ii) Al Gobierno nacional, a cumplir las sentencias C-055 del 2022 y SU-297 del 2025, formular la política pública exhortada por la Corte Constitucional, mantener los programas de salud sexual y salud reproductiva y de educación sexual integral, a garantizar el enfoque de género en el ICBF y a mantener a Colombia en los sistemas interamericano y universal de protección;

(iii) A la Superintendencia Nacional de Salud y a la Defensoría del Pueblo, vigilar y sancionar las barreras que enfrentan las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y migrantes y las niñas víctimas de violencia sexual; y

(iv) A las organizaciones feministas, los movimientos sociales y la academia, a mantener la articulación que hizo posible Causa Justa y actuar de manera coordinada frente a cada iniciativa regresiva.