Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
La decisión judicial protege la dignidad humana y el derecho a la no discriminación de cuatro liderazgos campesinos y reafirma que las autoridades públicas deben actuar con veracidad y responsabilidad al pronunciarse sobre el campesinado y sus territorialidades.
El Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá concedió la acción de tutela interpuesta por cuatro líderes y lideresas campesinas de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de Paraíso Escondido (Togüí, Boyacá), Cabrera (Cundinamarca), Venecia Parte Alta (Cundinamarca) y Sumapaz (Bogotá D.C.) contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su titular, Indalecio Dangond Baquero.
El 22 de septiembre de 2026, durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, transmitido en directo por el canal del senado, el ministro Dangond relacionó de manera generalizada las Zonas de Reserva Campesina con los cultivos de coca, la ilegalidad y la pobreza, y cuestionó su finalidad:
“[…] Y hablan que la tierra que la tienen unos que las tienen otros y resulta que cuando uno va a revisar resulta que el 30 por ciento del territorio en Colombia, está en el 4.6 por ciento de la población. Y ese 4.6 de la población son los territorios étnicos y
las zonas de reserva campesina donde más hay cultivo de coca en Colombia.
Tengo las fotografías aéreas, se las voy a hacer llegar a su despacho. Entonces,
¿Para qué son las zonas de reserva campesina? ¿para sembrar coca, cultivos ilícitos, para sembrar pobreza?
Miren ese cuadro, tómenle foto y llévenselo para su casa. Ahí está la gran reforma agraria de Colombia. 2.5 millones de personas tienen 30 millones de hectáreas, sin producción de alimentos, sin proyectos productivos rentables, sin proyectos productivos de exportación, CERO”.
Las cuatro ZRC de los accionantes producen alimentos para el centro del país,fríjol, arveja, aguacate, café, caña panelera, hortalizas y frutales, y cuidan el agua del páramo de Sumapaz. Por eso, sus líderes y lideresas acudieron a la tutela el 7 de octubre, apenas dos semanas después del debate.
En fallo del 21 de octubre de 2026, el juzgado declaró vulnerados los derechos fundamentales de las y los dirigentes a la dignidad humana y a la no discriminación y ordenó al ministro retractarse públicamente de las afirmaciones que asociaron a las ZRC con la coca, la ilegalidad y la pobreza.
El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) apoyó la presentación de esta acción de tutela y celebra, junto a las comunidades campesinas, esta decisión.
El propio Ministerio, al contestar la tutela, reconoció “expresamente” la vocación agropecuaria lícita de las cuatro ZRC y la ausencia de cultivos de coca en sus territorios. Para la jueza dicha admisión prueba que las afirmaciones del ministro “carecían de veracidad, objetividad y sustento empírico”.
El fallo recuerda que las declaraciones de los altos funcionarios no son opiniones privadas, sino ejercicio de funciones públicas sujetas a un deber reforzado de veracidad (Sentencias T-1191 de 2004 y T-386 de 2021). Concluye que el discurso del ministro fue “un acto de discriminación directa y estigmatización oficial” contra líderes campesinos, sujetos de especial protección constitucional según el artículo 64 de la Constitución.
El juzgado ordenó al ministro, o a quien haga sus veces, solicitar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, un espacio ante la Comisión Quinta del Senado para realizar una retractación y aclaración públicas. Si esta intervención no se lleva a cabo dentro del plazo establecido por el juzgado, deberá publicar la rectificación en los canales institucionales del Ministerio y emitir un boletín de prensa de amplia difusión. Además, el juzgado ordena que en la retractación se nombre a los cuatro accionantes y a sus ZRC, desmentir de forma expresa el vínculo con la ilegalidad, el narcotráfico y la coca, confirmar su vocación agropecuaria lícita y reconocer el aporte de estas comunidades a la soberanía alimentaria y a la conservación ambiental.
Esta sentencia no es la primera que obliga al ministro Dangond a rectificar sus declaraciones sobre el campesinado. El 23 de septiembre de 2026, el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá le ordenó ofrecer disculpas públicas por lo que dijo el 8 de septiembre ante las comisiones económicas del Congreso, ordenándole aclarar que campesino, campesina y campesinado son categorías constitucionales dignas, que identifican a sujetos de derechos y de especial protección. También precisó que el lenguaje estatal no puede reemplazarlas de manera general por expresiones como pequeños empresarios del campo.
Ahora, este nuevo fallo cuestiona sus señalamientos contra las Zonas de Reserva Campesina, evidenciando los riesgos de la estigmatización institucional de quienes defienden la tierra, producen alimentos y construyen territorialidad campesina.
La decisión deja claro que ningún alto funcionario puede señalar a los territorios campesinos sin pruebas. Las Zonas de Reserva Campesina son una figura legal y popular, creada por la Ley 160 de 1994 para ordenar la propiedad rural y fortalecer la economía campesina. No son, como sugirió el ministro, espacios para “sembrar coca” o “sembrar pobreza”. Hoy el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección por mandato del Acto Legislativo 01 de 2023, y el Estado está obligado a hablar de él con veracidad y respeto.
Ese reconocimiento impone al Estado obligaciones que van más allá de lo formal. Sus instituciones y funcionarios, especialmente quienes lideran el sector agricultura, deben respetar los derechos, las formas organizativas y los proyectos territoriales del campesinado, y, particularmente, el señor ministro debe contribuir a superar la discriminación histórica que han sufrido las comunidades rurales, no profundizar ésta: el rol de jefe de la cartera no lo habilita a descalificar colectivamente a quienes construyen alternativas de vida, producen alimentos y cuidan los territorios.
Desde el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos: exigimos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cumplir el fallo en los plazos fijados, sin dilaciones ni reformulaciones que diluyan la retractación ordenada; haremos seguimiento, junto con las comunidades, al cumplimiento de cada una de las órdenes; llamamos a los servidores públicos a ejercer su poder comunicativo con veracidad y responsabilidad frente al campesinado y sus formas de territorialidad; y agradecemos a la Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria y a la Clínica Jurídica de Derecho Agrario de la Universidad del Rosario, que respaldaron la tutela como coadyuvantes.
Las Zonas de Reserva Campesina siembran alimentos, agua y paz. Ese es el país que la justicia hoy reconoce.