COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA, INTERNACIONAL, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, RAMA JUDICIAL Y A LOS SECTORES POPULARES DE COLOMBIA

Los campesinos y campesinas existimos en Colombia. Somos sujetos políticos, social y territorialmente organizados. La Constitución nos reconoce como sujetos y sujetas de derechos y de especial protección gracias al Acto Legislativo 01 de 2023, reformatorio del artículo 64 superior que reconoció nuestra dimensión social, política, económica, cultural y ambiental.

Rechazamos todo intento del Gobierno de borrar al campesino y a la campesina del lenguaje institucional, de los debates sociales, políticos y jurídicos, bajo la idea de que es una acepción peyorativa, cuando lo que se busca realmente es eliminar los compromisos estatales con las políticas agrarias que realizan nuestros derechos. Esta búsqueda del Gobierno por hacer invisible al campesinado no es nueva y, por el contrario, ha sido utilizada históricamente como un medio para promover y adelantar procesos sociales de exclusión y criminalización contra los campesinos y campesinas de nuestros territorios. Saludamos el fallo de tutela del Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá que amparó los derechos a la dignidad, igualdad y reconocimiento de la identidad, y ordenó a Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a ofrecer disculpas a los campesinos y campesinas del país.

Rechazamos la estrategia jurídica y política que promueven actores económicos poderosos del país para desmontar los avances logrados en las políticas públicas agrarias que protegen y realizan nuestros derechos constitucionales. Consideramos estas maniobras anticampesinas como un intento más de contrarreforma agraria en el país, que actualmente está generando violencia y violaciones a los derechos humanos en nuestros territorios.

Vemos con gran preocupación los 19 procesos judiciales que se tramitan en la jurisdicción contenciosa-administrativa contra las APPA, las Zonas de Reserva Campesina y los TECAM, cuyo objetivo es anular los actos administrativos de creación de estas territorialidades, así como otras resoluciones del Ministerio de Agricultura que durante el Gobierno anterior, otorgaron incentivos y apoyos a la economía campesina, étnica, familiar y popular.

Llamamos a los jueces y juezas de la República y a los Organismos de Control a la defensa del campesinado y del Estado Social de Derecho. Las territorialidades campesinas se encuentran reconocidas por diversos instrumentos normativos (artículos 64 y 65 de la Constitución y Ley 160 de 1994, entre otros) y, lo que es más importante, han sido creadas y legitimadas por los mismos campesinos y campesinas en sus territorios. Las territorialidades campesinas reconocen nuestras apuestas políticas por ordenar y gobernar nuestros territorios, por lo mismo, de adoptarse decisiones que deroguen o congelen los trámites de reconocimiento, de formalización legal y de implementación de las mismas, no podrá entenderse más que como un intento del Estado colombiano para desestabilizar nuestras organizaciones y procesos sociales.

Las organizaciones campesinas defendemos las APPA y los avances alcanzados en la protección de los suelos rurales para la producción de alimentos, frente a los retrocesos que pretenden desconocer su importancia para la seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial y la subsistencia de la economía campesina. Llamamos a las organizaciones sociales y políticas a defender estas territorialidades, que garantizan la producción de nuestros alimentos y el futuro de las nuevas generaciones, y a rechazar que los intereses del volteo de tierras, la expansión urbana o la minería se impongan sobre el derecho de los pueblos a una alimentación digna y a decidir sobre sus territorios.

Advertimos con profunda preocupación la intención de materializar una política de un “campo sin campesinos”. Denunciamos que se busca acabar con la identidad y ancestralidad campesina al intentar categorizarnos simplemente como “pequeños empresarios del campo”. Esta visión, propia de un colonialismo excluyente, representa una amenaza de genocidio sociocultural del campesinado.

Alertamos al país de que actualmente cursa una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pretende derogar todas las figuras de las territorialidades campesinas. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y agrarias a defender estas figuras, y a participar en los escenarios judiciales donde se decide sobre ellas. Exigimos al Estado la protección de nuestros derechos políticos, sociales y colectivos, que son de especial protección constitucional. Nuestros derechos no son una concesión, sino una ganancia histórica de los movimientos campesinos. Como campesinado organizado, haremos uso de todos los mecanismos de lucha: la movilización social, la presión política y las herramientas constitucionales y legales que estén a nuestro alcance para defender la dignidad del campesinado.

Reivindicamos nuestro rol fundamental como guardianes ambientales. Ante la grave crisis climática y los incendios que hoy consumen a Santander, Tolima, Boyacá y a el resto del país, somos los campesinos y campesinas quienes hemos asumido de manera responsable la protección de los bienes comunes: el agua, el suelo, los bosques y la biodiversidad, garantizando así la supervivencia de las futuras generaciones, ante la morosidad y falta de diligencia de las autoridades.

Nuestro modelo de agricultura campesina y producción familiar no sólo ha resistido por más de 200 años, sino que hoy se erige como la verdadera solución estructural frente a la crisis climática: somos el campesinado quienes enfriamos el planeta. A través de la agroecología campesina, construimos una propuesta que garantiza la soberanía alimentaria sin agotar los bienes naturales, sustentado en nuestro profundo sentido de permanencia, dignidad y arraigo en el territorio. A diferencia del modelo agroindustrial y del monocultivo que devasta los suelos, el agua y los ecosistemas. Por ello, exigimos tierra y derechos para quienes garantizamos la vida cuidando a la naturaleza.

Las ZRC y los TECAM representan para nuestros territorios una apuesta colectiva de gobernanza, cuidado comunitario del territorio y ordenamiento territorial que no fue una concesión del Estado, sino el resultado de décadas de lucha del campesinado por el reconocimiento de su papel como sujeto de derechos, y actor fundamental en la construcción de paz territorial. Desconocer o debilitar estas territorialidades, hoy no es un simple ajuste normativo: es un retroceso frente a compromisos que el Estado colombiano asumió con sus propias comunidades rurales y con el país entero en el marco de la construcción de paz.

Reafirmamos que nuestras territorialidades campesinas: ZRC, TECAM y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, son pilares indispensables para la soberanía alimentaria de la nación y la contención de la crisis climática, constituyéndose en territorios vivos donde la producción de alimentos coexiste de manera armónica con la protección del agua, los bosques y la biodiversidad. Frente a esta amenaza, no vamos a permitir que se desmonten silenciosamente los espacios de vida, organización y autonomía que hemos construido con esfuerzo propio.

Rechazamos la estigmatización del Ministro de Agricultura, quien afirma que nuestras ZRC son tierras donde únicamente se cultiva coca. Este discurso no es gratuito: busca criminalizarnos como organizaciones sociales, y legitimar de paso decisiones políticas para intervenir nuestros territorios, ricos en recursos naturales. Nuestras territorialidades son territorios de paz y no permitiremos que se nos señale ante el país como un eslabón más del narcotráfico. Rechazamos igualmente la medida de hacer fumigación de cultivos de coca con glufosinato y con cualquier otro veneno químico, que contamine los suelos, las aguas y la salud de las comunidades en los territorios.