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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en Colombia 5,4 millones de hogares se autorreconocen como campesinos, cifra que corresponde a cerca del 29,3 % de la población del país1. Este autorreconocimiento es el resultado de una larga lucha del movimiento social campesino por hacerse visible ante un Estado que, durante décadas, se negó incluso a nombrarlo. Gracias a esa lucha, además de lograr su inclusión en los instrumentos censales colombianos, el campesinado consiguió ser reconocido como sujeto de derechos y de especial protección constitucional.
Sin embargo, pese a estas importantes conquistas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretende borrar del lenguaje institucional la palabra “campesinado” y sustituirla por expresiones tecnocráticas como “productor agropecuario”. Esto no se trata de un cambio inocente de vocabulario, sino de un nuevo intento por invisibilizar a una parte fundamental de la sociedad colombiana.
Este intento de borramiento no es nuevo en la historia de Colombia. Como lo explica la profesora Maite Yie, a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI ha existido un proceso de “aparición”, “desaparición” y “reaparición” del campesinado en el lenguaje público y en la intervención estatal2. Estos cambios en la forma de nombrar al campesinado no son menores, pues expresan la manera en que el Estado reconoce, limita o desconoce sus derechos.
La “aparición” del campesinado como categoría de lucha social y de intervención pública se consolidó entre las décadas de 1920 y 1970. Durante este periodo, sectores de izquierda promovieron una lectura clasista que permitió articular a arrendatarios, colonos y jornaleros frente al capital. Esta construcción política alcanzó uno de sus puntos más importantes con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y las movilizaciones masivas por la tierra de los años setenta.
No obstante, esta trayectoria comenzó a revertirse a partir de esa misma década. Después del Pacto de Chicoral y con la llegada de programas como el Desarrollo Rural Integral, el Estado desterró progresivamente la palabra “campesino” y la reemplazó por categorías economicistas como “pequeño productor”. De este modo, una identidad política vinculada a la lucha por la tierra fue reducida a una posición dentro del proceso productivo.
En las décadas de 1990 y 2000, la apertura neoliberal profundizó esa operación. El campesino pasó a ser llamado “emprendedor rural” o “empresario agrícola”. Al mismo tiempo, la Constitución Política de 1991 omitió al campesinado como sujeto colectivo de derechos y los censos oficiales lo relegaron al rótulo anónimo del “resto” municipal. Las políticas sociales y humanitarias también lo fragmentaron en categorías asistenciales o derivadas del conflicto, como “población vulnerable”, “desplazados” y “víctimas”.
La reaparición del campesinado se produjo durante la década de 2010, impulsada nuevamente por la protesta social. Los Paros Nacionales Agrarios de 2013, 2014 y 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y la tutela “Para que el campesinado cuente tiene que ser contado” exigieron la delimitación censal de esta población, el reconocimiento de sus territorios y una protección constitucional diferencial fundada en su identidad cultural y sus saberes tradicionales.
Siguiendo el análisis de la profesora Yie, podría afirmarse que el intento actual de sustituir la palabra “campesino” por “productor agropecuario” constituye una verdadera “redesaparición”. Sin embargo, las condiciones jurídicas ya no son las mismas de los años noventa. Hoy existe un marco que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Así lo recuerda la decisión de tutela que ordenó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangong, aclarar que “campesino, campesina y campesinado” son categorías constitucionales dignas y que no pueden ser borradas o sustituidas de manera general en el lenguaje estatal.
Pretender borrar al campesinado solo puede obedecer, entonces, a una profunda ignorancia del ordenamiento jurídico o, lo que resulta más preocupante, a un intento deliberado por imponer una agenda corporativa y contraria a los derechos conquistados. Si descartamos la primera posibilidad, porque se esperaría que los funcionarios públicos conozcan por lo menos las normas relacionadas con sus cargos, queda la segunda; es decir, esta “redesaparición” busca beneficiar a las clases dominantes de siempre–aquellas que durante la campaña eran presentadas como “los nunca”– y afectar la organización social campesina.
En este sentido, reemplazar al campesinado por la categoría de “productor agropecuario” podría abrir la puerta para que los recursos de las políticas campesinas terminen favoreciendo a sectores empresariales o incluso a personas que no trabajan directamente en el campo, como ya ocurrió con Agro Ingreso Seguro. Pero el problema no es únicamente económico. Borrar al “campesinado” significa también borrar una categoría política que ha permitido articular las luchas de las clases subalternas del campo. Sustituirla por la categoría genérica de “productor agropecuario” no solo invisibiliza al campesinado, sino quefragmenta su identidad colectiva, debilita su capacidad de organización y desarticula una lucha construida históricamente alrededor de intereses comunes.
- Ver:
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-campesinos-ECV-2024.pdf
↩︎ - Yie, M. (2022). Aparecer, desaparecer y reaparecer ante el estado como “campesino”.
Revista Colombiana De Antropología
, 58(1), 115–152. ↩︎
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