Campesinado y la lucha por su territorio

Las reivindicaciones por la tierra del movimiento campesino colombiano han sido permanentes e históricas. Inicialmente los encontramos luchando contra la liberación del patronazgo y la servidumbre, siguiendo consignas mundiales como la planteada por los campesinos en la revolución mexicana “tierra para quien la trabaja”, la reforma de las políticas de tierras ejidales y, por otra parte, abolir la entrega de tierras a los peones para que la trabajaran mientras el patrón reclamaba la mitad de la producción, lo cual constituía una esclavitud y explotación al campesinado.

Pero los campesinos no solo pedían y siguen pidiendo tierras, sino seguridad sobre la tenencia, autonomía en su producción y apoyo y reconocimiento a sus procesos organizativos como las Ligas Campesinas, posteriormente las Juntas Comunales, los resguardos indígenas, los consejos comunitarios para comunidades afrodescendientes y, más recientemente, otras figuras como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Así sucesivamente fueron apareciendo figuras de ordenamiento del territorio que tienen de fondo la lucha por la tierra y el territorio, como es el caso de los territorios PDET, surgidos de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP).

Las territorialidades campesinas han sido apuestas del movimiento social campesino y es plausible su reconocimiento legal en la Ley 200 de 1936, la propuesta de reforma agraria de Lleras Restrepo en 1966, la Ley 160 de 1994 (que faculta la conformación de las ZRC) y la Reforma Rural Integral resultado del Acuerdo Final de Paz, los cuales además han sido reconocidos en documentos de políticas sociales como el CONPES 4184 de 2026.

Esta normatividad ha permitido que los y las campesinas hasta hoy hayan logrado la formalización de 27 ZRC, que abarcan alrededor de 1.536.314 ha. Durante el gobierno del Presidente Petro se aprobaron 20 ZRC, lo cual quiere decir que desde 1994 a 2022 solo se habían constituido 7 ZRC; aún existen 32 procesos de ZRC en estudio, que en conjunto sumarían 2.324.616 ha (DOSP, 2025).

Por su parte, sobre los TECAM (propuesta de la Coordinadora Nacional Agraria - CNA en 2013), solo en el gobierno de Petro se ha avanzado en la constitución de los mismos: en 2024 fueron identificadas cerca de 100 iniciativas creadas de hecho por las organizaciones campesinas, de las cuales 29 hacen trámite para su formalización en diferentes regiones del país y cinco se han constituido oficialmente.

Respecto a las APPA, impulsadas por la UPRA, se informa de la creación de dos de estas territorialidades: la del sur de la Guajira (que abarca una extensión de 79.961 ha en 8 municipios) y la del municipio de Falán en el Tolima (febrero de 2026) con una extensión de 11.703 ha. De igual forma, según las organizaciones campesinas, en el Departamento de Córdoba existe otra APPA. Finalmente encontramos los Territorios Acuáticos Agroalimentarios (EAA), que son territorialidades en una etapa incipiente de configuración.

Por su parte, el diagnóstico que presenta el CONPES 4184 de febrero de 2026 sobre reforma agraria en Colombia es claro en advertir las dificultades que trae consigo la inseguridad jurídica que afecta la propiedad rural en las zonas donde se proyecta la creación de las territorialidades campesinas:

En este contexto, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), en coordinación con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Cundinamarca (ANUC), convocó a diversos procesos de territorialidades campesinas (ZRC, TECAM, APPA) de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander al Primer Encuentro de Territorialidades Campesinas de los Departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca, realizado en Bogotá el día 15 de mayo de 2026, con el objetivo de abordar las siguientes proposiciones:

• Propiciar un encuentro y diálogo entre líderes y lideresas de diferentes territorialidades campesinas constituidas o en proceso de constitución en algunos departamentos de la zona central del país, para valorar desde el movimiento social campesino los avances, dificultades y proyecciones de la política relacionada con las territorialidades campesinas.
• Discutir posibilidades de trabajo en red entre las territorialidades campesinas y explorar rutas de fortalecimiento y exigibilidad a los planes comunitarios de ordenamiento territorial campesino.

El encuentro contó con líderes y lideresas de las siguientes territorialidades:

Metodológica y temáticamente, el encuentro facilitó que los líderes compartieran los logros, avances y dificultades que han tenido en el proceso de formulación, consolidación, financiación y puesta en marcha de sus respectivos Planes de Vida, Planes de Desarrollo Sostenible o según lo defina cada territorialidad.

En un segundo momento, el profesor Héctor Mondragón, consultor de la Agencia Nacional de Tierras, compartió una disertación sobre las diferentes formas de territorialidad y cómo antes de ellas ya se contaba con figuras como los ejidos, las ligas campesinas, las reservas de la sociedad civil y las JAC. Paralelo a ello, expuso cómo se ha avanzado en un reconocimiento sociopolítico y jurídico del campesinado hasta que el Presidente Petro acoge la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos del campesino mediante el Acto Legislativo 01 de 2023, dándole reconocimiento a rango constitucional mediante la reforma del artículo 64 de la Carta Magna.

Posteriormente, intervino el señor Segundo Riaño, representante de las organizaciones campesinas ante la Comisión Mixta Campesina, la cual es interlocutora válida en la formulación de las políticas agrarias y demás asuntos campesinos.

Asimismo, la Dra. Teresa Ramírez, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), presentó las bondades del Trazador Presupuestal Campesino y las obligaciones de las entidades públicas. Explicó cómo este trazador está dirigido a todo tipo de políticas formuladas a nivel nacional y departamental, e invitó a los líderes a apropiarse de este instrumento para exigir a las autoridades territoriales que presupuesten las propuestas campesinas, abarcando en promedio 17 derechos como salud, educación, vivienda, vías, entre otros.

Finalmente, para concluir el encuentro, los líderes solicitaron a ILSA definir compromisos para garantizar un trabajo a mediano y largo plazo, así como un acompañamiento más amplio a las territorialidades y la proyección de un encuentro nacional.

En concreto, se acordó lo siguiente:

1. Los asistentes realizarán con los miembros de sus territorialidades una socialización de lo conversado en el encuentro.
2. Realizar un nuevo encuentro a mediados de julio, una vez transcurrido el proceso electoral, para explorar fórmulas y estrategias de incidencia del campesinado ante el nuevo gobierno.
3. Diseñar y promover una campaña sobre el Trazador Presupuestal Campesino en todos los municipios —especialmente donde se impulsan figuras territoriales— para hacer seguimiento y evaluación a las políticas, planes y programas dirigidos al sector.
4. Buscar recursos para llevar a cabo un encuentro más amplio de territorialidades, idealmente de carácter nacional.
5. Promover un trabajo en red que permita la visibilización de los logros y dificultades que se presentan tanto en el desarrollo de las políticas públicas para el campesinado como en las distintas territorialidades campesinas.